Congreso mantiene rezago legislativo en materia de atención a desastres naturales

El Congreso de la Unión enfrenta un importante rezago en la actualización de su marco normativo frente a los desastres naturales, al acumular cerca de 200 iniciativas presentadas en las últimas legislaturas. A la fecha de este 29 de julio de 2026, la mayoría de estas propuestas han sido desechadas durante el proceso legislativo, mientras que aproximadamente 50 proyectos se mantienen en estado de congelamiento dentro de las comisiones de la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

La falta de consenso y la priorización de otras agendas políticas han impedido que diversas reformas fundamentales sobre la gestión integral de riesgos logren avanzar hacia el pleno. Estas iniciativas buscaban, en su mayoría, fortalecer los mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno, así como mejorar los esquemas de financiamiento preventivo que operan bajo la supervisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras dependencias federales.

Especialistas en protección civil han señalado que la parálisis legislativa en este rubro limita la capacidad de respuesta ante fenómenos hidrometeorológicos y sísmicos que afectan periódicamente al territorio nacional. Las propuestas pendientes incluyen desde modificaciones a la Ley General de Protección Civil hasta ajustes en la distribución de recursos para la reconstrucción de infraestructura dañada tras eventos extremos.

Por su parte, los grupos parlamentarios han manifestado en diversas ocasiones la necesidad de revisar los protocolos actuales para enfrentar el cambio climático y sus efectos en la población. Sin embargo, la ruta legislativa para estas reformas sigue detenida, sin que exista una fecha clara para su discusión o dictaminación en las comisiones correspondientes del Poder Legislativo.

La sociedad civil y diversos organismos han hecho un llamado para que el Congreso priorice el análisis de estas iniciativas antes del cierre de los periodos ordinarios. La actualización de las leyes vigentes es vista como un paso necesario para transitar de un modelo de atención reactiva a uno basado en la prevención y la resiliencia en todas las entidades federativas del país.