Defensa de Danna Yanina denuncia falta de acceso a pruebas judiciales

La defensa legal de Danna Yanina denunció este sábado que el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas mantiene una negativa sistemática para entregar videograbaciones esenciales para el desarrollo del proceso. Según los representantes legales, este impedimento constituye una violación directa a los derechos procesales de la joven, dificultando su derecho a una defensa técnica adecuada y el acceso a la justicia pronta y expedita.

Los litigantes señalaron que, a pesar de las solicitudes formales presentadas ante los órganos jurisdiccionales competentes, las autoridades judiciales han omitido dar cumplimiento a la entrega de los archivos audiovisuales. Esta omisión, sostienen, genera una desigualdad evidente en el litigio, pues la falta de material probatorio impide contrastar los argumentos presentados por la fiscalía durante las audiencias celebradas en meses recientes.

El equipo jurídico ha manifestado su preocupación por el impacto que esta dilación tiene en la situación jurídica de Danna Yanina. En este sentido, han exhortado a las autoridades del Poder Judicial de la entidad a garantizar la transparencia y el estricto apego al debido proceso, evitando cualquier práctica que pueda interpretarse como una obstrucción a la labor de los abogados defensores.

Por su parte, los abogados adelantaron que buscarán agotar todas las instancias legales disponibles, incluyendo la posibilidad de presentar recursos ante las autoridades federales si las negativas persisten en el ámbito local. La defensa enfatizó que su único objetivo es que se permita la presentación de todas las pruebas necesarias para que el juez de la causa cuente con la información completa antes de emitir cualquier resolución definitiva.

Hasta el momento, no se ha emitido un posicionamiento oficial por parte de la instancia judicial estatal respecto a las acusaciones vertidas por la defensa. Los representantes de Danna Yanina reiteraron que continuarán insistiendo mediante los canales institucionales para que las videograbaciones sean integradas al expediente, garantizando así el respeto a los derechos humanos y procesales de la imputada.