Extorsión afecta hasta el 5% del valor en cadena del aguacate

La extorsión en las zonas productoras de aguacate ha impactado hasta en un 5% el costo de la cadena de valor de este producto en el mercado nacional. Representantes del pequeño comercio señalaron que las cuotas impuestas por grupos delictivos en regiones clave, principalmente en el estado de Michoacán, generan un sobrecosto que finalmente absorben los consumidores finales y los intermediarios en los centros de abasto.

Ante el incremento de la violencia, los comerciantes han planteado que la estrategia nacional de seguridad debe integrar mecanismos específicos para proteger la exportación de aguacate. Esta medida busca blindar los envíos internacionales, especialmente ante la alta demanda que se registra cada año durante eventos masivos como el Super Bowl, periodo en el que los productores enfrentan mayores presiones por parte de la delincuencia organizada.

La propuesta del sector comercial sugiere una mayor coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional para establecer corredores seguros desde las huertas hasta las plantas empacadoras. El objetivo es desarticular las redes de cobro de piso que operan en las zonas de cultivo y que han provocado una inestabilidad constante en los precios del fruto en el mercado interno.

Por su parte, las autoridades han indicado que se mantienen mesas de trabajo con los gremios aguacateros para evaluar la situación en campo. Aunque se han reforzado los patrullajes en las regiones con mayor incidencia, los comerciantes insisten en que se requiere un enfoque integral que contemple la trazabilidad del producto y una vigilancia más estrecha en los puntos críticos de distribución nacional.

La inestabilidad en los precios del aguacate, derivada de la inseguridad, se ha vuelto una preocupación constante para los negocios locales. La expectativa de los pequeños comerciantes es que, mediante una estrategia que vincule la seguridad con la logística de exportación, se logre estabilizar la cadena de suministro y reducir la presión económica sobre los consumidores mexicanos.