Gómez Urrutia exige investigar presunta colusión entre mineras y grupos criminales

El senador de la República, Napoleón Gómez Urrutia, reiteró este sábado su exigencia a las autoridades federales para que se inicie una investigación profunda sobre la supuesta colusión entre empresas mineras y organizaciones delictivas en diversas regiones del país. El dirigente sindical señaló que, a pesar de haber presentado pruebas y denuncias formales ante las instancias correspondientes, no se ha observado una respuesta efectiva ni un despliegue de indagatorias por parte de las autoridades competentes.

La problemática, según el legislador, afecta gravemente la estabilidad laboral y la seguridad física de los trabajadores del sector minero en zonas de alta incidencia delictiva. Gómez Urrutia manifestó que la impunidad en estos casos permite que grupos ajenos a la ley ejerzan presión sobre los sindicatos y las operaciones extractivas, generando un entorno de vulnerabilidad constante para los empleados y sus familias.

El representante popular hizo un llamado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General de la República para que coordinen esfuerzos y atiendan las denuncias pendientes. Subrayó que el Estado mexicano tiene la obligación constitucional de garantizar un ambiente de trabajo seguro y libre de coacciones externas que pongan en riesgo la integridad de los trabajadores y la soberanía de los recursos naturales.

El dirigente sindical propuso que se establezca una mesa de trabajo interinstitucional donde se analicen los expedientes presentados y se establezcan mecanismos de protección para las comunidades mineras. Esta iniciativa busca que las autoridades federales asuman su responsabilidad en la fiscalización de las concesiones y aseguren que las prácticas corporativas cumplan estrictamente con el marco legal vigente, evitando cualquier tipo de acuerdo ilícito.

Finalmente, Gómez Urrutia insistió en que el silencio oficial frente a estas acusaciones solo contribuye a perpetuar la inseguridad en las zonas mineras del territorio nacional. La exigencia se mantiene firme ante la necesidad de transparentar la relación entre el sector privado y el contexto de seguridad pública que prevalece en las regiones con mayor actividad minera en México.