Localidades indígenas de Chilapa exigen la liberación de Jesús Plácido

Habitantes de comunidades indígenas pertenecientes al municipio de Chilapa, Guerrero, se han movilizado durante las últimas horas para exigir la liberación de Jesús Plácido, activista y defensor de derechos humanos en la región. Los manifestantes sostienen que el proceso legal que enfrenta el dirigente carece de sustento sólido, por lo que han intensificado sus acciones de protesta en diversos puntos estratégicos para visibilizar su situación jurídica actual.

Representantes de las localidades afectadas argumentan que la detención de Plácido afecta directamente las labores de seguridad y organización comunitaria que se realizan en la zona de la Montaña baja de Guerrero. Según los manifestantes, el activista ha sido una pieza clave en la interlocución entre los pueblos originarios y las autoridades estatales para el establecimiento de mecanismos de vigilancia interna, los cuales consideran fundamentales ante el contexto de violencia que persiste en diversos municipios de la entidad.

Ante esta situación, los grupos inconformes han solicitado la intervención inmediata de la Secretaría de Gobernación y de las autoridades estatales para entablar una mesa de diálogo. El objetivo, señalan, es revisar los detalles del expediente judicial y asegurar que se garantice el debido proceso, además de solicitar que se consideren las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades que respaldan al activista en su labor social.

Por su parte, las autoridades judiciales y de seguridad en Guerrero han mantenido el hermetismo sobre los detalles específicos del caso, señalando únicamente que el proceso se encuentra en una etapa de integración de pruebas. Mientras tanto, los pobladores han advertido que mantendrán sus movilizaciones en Chilapa hasta obtener una respuesta clara por parte de las instituciones encargadas de la procuración de justicia en el estado.

La tensión en la región se mantiene latente debido a la importancia que tiene la figura de Jesús Plácido en la estructura de seguridad comunitaria local. Diversas organizaciones de derechos humanos han hecho un llamado a las autoridades para que el caso sea tratado con apego a la legalidad, evitando que la situación derive en un conflicto social mayor en una de las zonas con mayores retos de seguridad pública en México.