Señalan cadena de omisiones tras el asesinato del periodista Alejandro Leyva

El gremio periodístico en México se encuentra de luto tras el fallecimiento de Alejandro Leyva, cuyo caso ha destapado una serie de omisiones institucionales. Diversos colectivos y defensores de derechos humanos han señalado que el comunicador había solicitado formalmente medidas de protección ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, debido a amenazas recibidas por su labor informativa, sin obtener respuesta alguna de las autoridades competentes.

De acuerdo con la información recabada, Leyva documentó en distintas ocasiones que sus solicitudes fueron ignoradas o archivadas sin el seguimiento necesario. La falta de coordinación entre las instancias federales y estatales dejó al periodista en una situación de vulnerabilidad extrema, contraviniendo los protocolos establecidos para garantizar la integridad de quienes ejercen la libertad de expresión en el territorio nacional.

Ante este escenario, diversas organizaciones han exigido una investigación exhaustiva por parte de la Secretaría de Gobernación y los órganos internos de control de las fiscalías involucradas. Se solicita determinar las responsabilidades administrativas y legales de los funcionarios que desestimaron las alertas emitidas por el reportero, cuya labor era fundamental para la transparencia en la entidad oaxaqueña.

Por su parte, el equipo de defensa legal y acompañamiento ha propuesto la creación de un mecanismo de evaluación urgente que audite los expedientes pendientes en el programa de protección a periodistas. La exigencia central radica en que la FGR y las autoridades locales establezcan canales de comunicación eficaces para evitar que las peticiones de auxilio sigan siendo ignoradas ante el incremento de la violencia contra la prensa.

La muerte de Leyva se suma a una lista preocupante de agresiones que han marcado la agenda pública en los últimos meses. Mientras tanto, el gremio periodístico ha convocado a movilizaciones pacíficas en la capital del estado para demandar justicia y el cese inmediato de la impunidad que rodea estos casos de alto impacto en el país.