Sindicatos en Nayarit denuncian persecución legal tras exigir prestaciones laborales

Trabajadores sindicalizados en Nayarit han denunciado una serie de acciones legales en su contra, orquestadas presuntamente por la administración del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Según señalan representantes de los empleados, la Fiscalía General del Estado ha iniciado carpetas de investigación bajo el cargo de apología del delito contra quienes han participado en jornadas de protesta para exigir el pago de prestaciones laborales pendientes.

Los afectados refieren que estas medidas han derivado en la pérdida de sus puestos de trabajo y en una presión constante sobre sus derechos de libre asociación. La inconformidad surgió luego de que diversos gremios intentaran entablar mesas de diálogo para revisar el cumplimiento de convenios colectivos, los cuales, aseguran, han sido ignorados por las autoridades estatales en los últimos meses.

Organizaciones gremiales locales han calificado estas acciones como una táctica de intimidación destinada a desarticular la organización laboral en la entidad. Los trabajadores sostienen que las manifestaciones realizadas fueron de carácter pacífico y se limitaron a solicitar el respeto a los acuerdos previamente establecidos ante las instancias correspondientes.

Por su parte, el gobierno estatal ha mantenido una postura de reserva respecto a los señalamientos específicos sobre el uso de la fiscalía para fines administrativos. Hasta el momento, el Poder Judicial del Estado de Nayarit no ha emitido una resolución definitiva que esclarezca la situación de los expedientes abiertos, mientras los afectados continúan buscando asesoría legal para defender su estabilidad laboral frente a los procesos judiciales vigentes.

La situación ha generado una creciente tensión en el sector público de la entidad, donde la incertidumbre sobre el futuro de los empleos y la libertad de manifestación se ha vuelto una preocupación central. Los trabajadores han manifestado que mantendrán sus exigencias por la vía institucional, solicitando la intervención de organismos de derechos humanos para garantizar el debido proceso y el respeto a sus garantías laborales.