Año 2026 · Nº 7863
El Faro Nacional

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México

Tesorera de Veracruz enfrenta acusación legal por presunto abuso de poder

Eugenia Guadalupe Blas Nájera, tesorera del estado de Veracruz, fue denunciada formalmente por su exesposo ante las autoridades judiciales.

Redacción El Faro Nacional
Foto: sdpnoticias.com

Eugenia Guadalupe Blas Nájera, actual tesorera del estado de Veracruz, ha sido señalada en una demanda interpuesta por su exesposo, quien la acusa de presunto abuso de poder. El recurso legal fue presentado ante las instancias competentes este viernes, marcando el inicio de un proceso administrativo y judicial para esclarecer posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones públicas. La denuncia, según los primeros reportes, se centra en el uso indebido de atribuciones derivadas de su cargo dentro de la administración estatal.

El denunciante sostiene que la funcionaria habría utilizado recursos e influencias institucionales para fines ajenos a la gestión pública, afectando intereses personales en el ámbito privado. Por su parte, la defensa de la parte afectada busca que las autoridades ministeriales realicen las investigaciones pertinentes para determinar si existen elementos suficientes que acrediten las conductas señaladas. Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido una postura oficial respecto a la continuidad de la funcionaria en su puesto durante el desarrollo de las indagatorias.

Este caso ha generado reacciones en el ámbito político local, donde se subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en todas las dependencias de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado. La opinión pública permanece a la expectativa sobre el curso que tomará la carpeta de investigación, la cual deberá seguir los protocolos establecidos por la Fiscalía General del Estado para garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia de todas las partes involucradas.

Se espera que en los próximos días las autoridades judiciales soliciten la comparecencia de la tesorera para desahogar las pruebas presentadas por el demandante. La administración estatal ha reiterado en diversas ocasiones su compromiso con la legalidad, señalando que cualquier servidor público está sujeto a las investigaciones que las instituciones determinen necesarias conforme al marco jurídico vigente en México.

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