Tribunal ordena a SEDENA transparentar contratos vinculados al software Pegasus

Un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó este martes la resolución que ordena a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) entregar la documentación completa referente a dos contrataciones de software de vigilancia, entre ellos el sistema conocido como Pegasus. La sentencia judicial pone fin a un proceso de litigio iniciado en 2022, derivado de la negativa inicial de la dependencia para transparentar el ejercicio de recursos públicos destinados a inteligencia y seguridad nacional.

El conflicto legal surgió cuando diversas organizaciones de la sociedad civil solicitaron acceso a los expedientes de contratación que, según investigaciones periodísticas, sumaban un monto superior a los 140 millones de pesos. En su momento, la SEDENA clasificó la información bajo el argumento de seguridad nacional, negando la existencia o el detalle de los acuerdos comerciales suscritos con empresas proveedoras de tecnología de monitoreo digital.

Con esta resolución definitiva, la autoridad judicial determinó que el interés público sobre la transparencia y la rendición de cuentas prevalece sobre las reservas de información invocadas por la institución castrense. El tribunal subrayó que la opacidad en este tipo de compras impide el escrutinio ciudadano sobre el uso de herramientas de intervención que, potencialmente, podrían vulnerar derechos fundamentales de privacidad.

La SEDENA deberá ahora realizar una búsqueda exhaustiva y entregar los contratos, anexos y facturas relacionados con las operaciones señaladas. De acuerdo con los plazos legales, la dependencia cuenta con un periodo limitado para cumplir con el mandato del tribunal, garantizando que los documentos sean públicos siempre que no comprometan tácticas operativas vigentes de las fuerzas armadas.

Este fallo se suma a una serie de determinaciones judiciales que han marcado la pauta en la actual administración sobre los límites del secreto de Estado en temas de vigilancia. Especialistas en derechos humanos han señalado que este precedente es fundamental para fortalecer el marco de transparencia en las instituciones de seguridad pública y defensa nacional en México.