ONG señala retrocesos democráticos en México durante gestión de Sheinbaum
Human Rights Watch advierte una discrepancia entre la política exterior del gobierno mexicano y la situación interna en materia de derechos humanos.

Human Rights Watch publicó un informe este sábado donde sitúa a México entre las naciones que enfrentan mayores retrocesos democráticos en la actualidad. La organización internacional sostiene que existe una marcada contradicción entre el discurso de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en foros multilaterales y la realidad que experimentan los ciudadanos dentro del territorio nacional.
El reporte enfatiza que, mientras la SRE promueve una agenda de defensa de la soberanía y derechos humanos en el extranjero, la gestión interna presenta tensiones crecientes con organismos autónomos y diversos sectores de la sociedad civil. La ONG subraya que la concentración de facultades en el Poder Ejecutivo y la relación con el Poder Judicial han generado inquietud sobre la salud democrática del país en los últimos meses.
De acuerdo con el análisis, la interacción entre el gobierno federal y las instituciones de justicia ha sido uno de los puntos más críticos para los observadores internacionales. La organización destaca que la consolidación de la Guardia Nacional bajo mando militar y las reformas en curso han alterado el equilibrio de pesos y contrapesos que caracterizaba al sistema político mexicano, generando cuestionamientos sobre la independencia de los poderes del Estado.
Por su parte, el equipo de la Presidencia de la República ha reiterado en diversos espacios que las transformaciones actuales responden a un mandato popular expresado en las urnas. La postura oficial mantiene que las reformas legislativas tienen como objetivo fortalecer la soberanía nacional y optimizar la administración pública, rechazando las críticas externas al calificarlas como una falta de comprensión sobre el proceso de cambio que atraviesa México.
El documento concluye con un llamado a las autoridades mexicanas para fortalecer el diálogo con los organismos de protección de derechos humanos y garantizar la autonomía plena de las instituciones electorales y judiciales. La ONG advierte que la estabilidad democrática a largo plazo dependerá de la capacidad del Estado para integrar las observaciones internacionales en su política interna, evitando el aislamiento institucional frente a la comunidad global.
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